
Caputo (Economía), Santilli (Interior) y Adorni (Jefe de Gabinete) analizaron alternativas para lograr aprobar en el Senado la Ley de leyes.
Tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados para el Presupuesto 2026, pero sin lograr la eliminación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, el Ejecutivo nacional evalúa ajustes en el tratamiento senatorial con el fin de mantener el déficit cero como prioridad.
En una reunión de la mesa política realizada el último viernes en Casa Rosada participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el asesor Santiago Caputo; la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. El encuentro sirvió para coordinar los próximos pasos legislativos.
Las propuestas incluyen no avanzar con la derogación de las mencionadas normas. Para el área de discapacidad, se contempla conservar la declaración de emergencia, estableciendo que la pensión no contributiva equivalga al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones alineadas al régimen jubilatorio vigente. Además, esta pensión sería compatible con empleo formal siempre que los ingresos no excedan dos salarios mínimos vitales y móviles.
Planteos
Se mantendría la compensación retroactiva, ajustada para cubrir la diferencia entre la variación de aranceles aprobados desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024 y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un procedimiento definido por la autoridad de aplicación para su reconocimiento a prestadores.
Los aranceles se actualizarían trimestralmente de manera conjunta por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad. En cuanto a auditorías, se buscaría agilizar el proceso para dar de baja prestaciones irregulares, asegurando protecciones a los beneficiarios.
Se eliminaría la nueva Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, conservando solo el régimen por invalidez laboral, para evitar una ampliación de beneficiarios.
Financiamiento educativo
Respecto al financiamiento universitario, se propone un incremento del 20% en los créditos para gastos de funcionamiento en relación con 2025. Para salarios, se prevé una suba escalonada: 5% desde diciembre de 2025, seguida de incrementos del 2% en enero, febrero, marzo y abril de 2026. En junio, el Ejecutivo analizaría posibles compensaciones por diferencias con el IPC. También se incluiría el aumento en becas establecido por la normativa.
Adicionalmente, se reincorporarían artículos del capítulo XI no relacionados con estas leyes, junto con una disposición para que el Ejecutivo realice ajustes presupuestarios y cumpla con el compromiso de coparticipación hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Estas alternativas buscan compatibilizar las normas vigentes con las metas de equilibrio fiscal, mientras el proyecto avanza hacia su tratamiento en el Senado.